"En efecto. Vivimos una crisis del sistema donde todo está interconectado. La crisis es financiera, económica, climática, alimentaria, migratoria. Una crisis que toca la gestión mundial, porque no hay ninguna institución mundial que goce de real credibilidad. El G20 no es más legítimo que el G8. Y las Naciones Unidas no logran jugar el rol previsto por su Carta.

Es verdad que esta crisis es el producto del avance de la desregulación, pero está también ligada al mismo sistema. El mensaje del FSM deberá ser aún más claro que cuando nació hace 10 años. Subrayar la necesidad de la globalización de la resistencia y de las alternativas para proponer un sistema alternativo al sistema capitalista patriarcal globalizado.

Los que se reúnen en Davos siguen por el momento con la capacidad de lanzar ofensivas contra los “de abajo”. Estos, están poco a poco superando su fragmentación –aunque con dificultades- para progresar en la dirección de ofrecer una alternativa global que es más que necesaria. Y pienso que la solución no pasa por reformar el actual sistema sino claramente contra éste."

Eric Toussaint, presidente del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Foro Social Mundial (FSM)

miércoles, 25 de diciembre de 2013

Seguridad contraciudadana

Publicado en La Opinión de Murcia


«Bajo un Gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel», escribía Henry David Thoreau en 1848 en su conferencia titulada La desobediencia civil, cita que el Gobierno ha puesto de plena actualidad. Dicha obra sirvió de inspiración a Gandhi en la resistencia contra la ocupación británica en la India, o a Martin Luther King, Jr. en la estrategia de acciones directas no-violentas en contra de las leyes segregacionistas de la población negra en EEUU. La desobediencia civil y la presión social han conseguido a lo largo de la historia la modificación de leyes que hoy consideramos injustas y nefastas. En cambio, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana presentado por el Gobierno de España en Consejo de Ministros incide claramente en la criminalización de la desobediencia civil.

El título del citado anteproyecto de ley ya es de por sí manipulador; seguridad ciudadana no es criminalizar al ciudadano que protesta pacíficamente contra las medidas que lo están empobreciendo; seguridad ciudadana es tener servicios públicos de calidad; seguridad ciudadana es tener la garantía de que si pierdes el empleo no vas a vivir en la miseria; seguridad ciudadana es confiar en que siempre va a haber una solución habitacional para ti y tu familia; seguridad ciudadana es saber que aunque lo estés pasando mal económicamente tus hijos e hijas van a poder comer como mínimo tres veces al día y, en definitiva, seguridad ciudadana es tener la seguridad de que no vas a perder tu condición de ciudadano, es decir, que vas a poder conservar intactos tus derechos independientemente de tu estatus laboral y económico.

Por contra, ¿legisla este Gobierno contra la corrupción y el fraude fiscal que en un 80% es atribuible solamente a las grandes empresas y fortunas? No, porque esto sería legislar contra sí mismo y contra la minoría que representa; esa minoría que se sigue enriqueciendo a costa de la mayoría social que va camino de la miseria; minoría que es rescatada con dinero público, que evade impuestos, que lleva el dinero a paraísos fiscales. La Policía debería estar para protegernos de estos antipatriotas de pulserita de España, debería estar para perseguir a corruptos y a los banqueros culpables de esta crisis, y no para reprimir a los ciudadanos que protestan en la calle.

Hay algunos aspectos de este anteproyecto de ley que son especialmente preocupantes. Por un lado se convierten algunas faltas y los nuevos métodos de protesta en infracciones administrativas. Esto que podría parecer una acción despenalizadora del Gobierno no lo es tanto, en realidad se busca castigar administrativamente lo que los jueces no están castigando por vía penal, de hecho hasta verano de este año ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones del 15M en Madrid había sido condenado. Con esta medida se busca pasar de un procedimiento penal, en el que se tiene que demostrar que el acusado cometió un delito tipificado, a un procedimiento contencioso-administrativo, en el que el ya multado tiene que demostrar que la administración le ha impuesto una sanción injustamente, a lo que hay que sumar que el sancionado tiene que pagar las tasas para acceder al procedimiento.

En segundo lugar se elimina el concepto de falta para convertir algunas de ellas en delitos leves. Aunque podrían no variar las sanciones impuestas, las faltas no contaban como antecedentes penales, pero ahora convertidas en delito sí. Con esta medida queda clara la intención del Gobierno de que activistas sociales pasen temporadas en la cárcel por acumulación de lo que antes de este anteproyecto de ley eran meras faltas; y estamos hablando de un país con uno de los índices de criminalidad más bajos y con una de las poblaciones penitenciarias mayores respecto a los países de su entorno.

Con todo, lo más preocupante es la indefinición de algunas tipificaciones penales como la de 'ofensa' a España o el uso de términos como 'peligrosos'. En un Estado de Derecho, el principio de legalidad consiste en someter toda actuación judicial en materia penal a la preexistencia de una norma que defina claramente el delito, lo que da garantías al acusado frente a la posible arbitrariedad del poder. Sin embargo, con este nuevo Código Penal lo que se busca es prevenir la comisión de delitos criminalizando a todos aquellos que osen levantar la voz en la calle, lo que es más propio de derechos penales totalitarios.

Cuando al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se le pregunta en rueda de prensa qué considera él como ofensa a España y no sabe responder, no es que esté haciendo el ridículo, es que se está buscando precisamente esta indefinición. Esto abre una gran libertad de interpretación al juez que hace de él un instrumento político de régimen.

'Problemática"', 'autoritaria', 'camino a una dictadura', 'amenaza a la democracia' son algunos de los términos empleados en la prensa europea para definir este borrador de ley; hasta el comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, lo considera 'altamente problemático', a lo que Fernández Díaz ha respondido con el enfrentamiento. Claro, ¿qué se puede esperar de aquellos que una noche se acostaron franquistas y a la mañana siguiente se levantaron demócratas? Efectivamente, que cambiasen en apariencia para no cambiar en la realidad.

Y es que a estos 'demócratas' lo que les va es lo retro, lo anterior a la mal llamada transición.

domingo, 1 de diciembre de 2013

Aeropuerto de San Javier público y rentable. Hablan los trabajadores


El 26 de septiembre de 2013 el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia autorizó la operación de crédito de 200 millones de euros para hacer frente a una eventual ejecución del aval del aeropuerto de Corvera por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa concesionaria. Dicho crédito irá a engrosar las cifras de la deuda de la Región de Murcia y supondrá que todos los murcianos y murcianas pagaremos con intereses durante los próximos años los delirios de grandeza de un presidente, Ramón Luis Varcárcel, que próximamente pondrá rumbo a Europa.

Y es que el presidente de la Comunidad ha ligado el éxito de Corvera, un aeropuerto que sigue sin funcionar y que será gestionado por empresas privadas, al cierre de un aeropuerto público y rentable como es el de San Javier.

En el siguiente podcast de la radio local de San Javier se puede escuchar una interesante entrevista de 50 minutos a tres trabajadores del aeropuerto de San Javier, los cuáles ponen en evidencia las vergüenzas tanto técnicas como de gestión del proyecto del aeropuerto de Corvera, cuyo coste será asumido por todos los murcianos y murcianas suponiendo un claro ejemplo de lo que podríamos denominar deuda ilegítima.


Pedro Luis López Sánchez, @estrateglobal